Manifiesto aprobado por la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas
El primer año del
gobierno del Partido Popular se salda, más allá de la brutalidad de sus medidas
antisociales, desconocida desde el inicio de la transición hasta nuestros días,
con un proceso, tanto tácito como expreso, de recorte a las libertades
democráticas hasta hoy desconocido en el período mencionado.
Recortes sociales y
recortes de libertades son distintas caras de una misma moneda represora. El
Partido Popular necesita de la desmovilización de las víctimas de la crisis
capitalista –que no la provocaron- y de su silencio para lograr una vuelta de
tuerca más que le permita imponer su programa reaccionario en lo económico, lo
social y lo político.
Como si de una novela
por entregas se tratase, la estrategia del PP a lo largo de su primer año al
frente del Ejecutivo español ha sido la de ir acorralando y cercenando el
ejercicio de las libertades democráticas (limitaciones al derecho de
manifestación y de huelga mediante prohibiciones de manifestaciones,
identificaciones injustificadas por miembros de la policía que se presentan sin
placa identificativa, apaleamiento de manifestantes por miles, represión
mediante multas, detenciones, encarcelamientos de sindicalistas y piquetes,...)
o la de lanzar globos sonda que propicien un clima social favorable, o al menos
pasivo, a sus proyectos, largo tiempo acariciados, de limitar por vía legal
dichos derechos. Para ello cuenta con la creación de estados de opinión a
través de grupos de presión como la patronal CEOE y la prensa más afín al
partido del gobierno.
A su vez, el
gobierno del PP no ha dudado en recurrir a formas “ejemplarizantes” que
criminalicen el uso de los mencionados derechos, siendo el caso del
encarcelamiento del joven Alfonso Fernández por intentar participar en la
Huelga General del 14N. Este caso constituye un auténtico montaje policial,
urdido mediante falsas acusaciones, figuras jurídicas inexistentes (“alarma
social”) y la consecuencia de un régimen de aislamiento, el aplicado mediante
los FIES, especialmente restrictivo hacia los derechos de los presos.
Si en lo social, el
gobierno del Partido Popular muestra particularmente sus intenciones represivas
y coactivas, en otras esferas de la vida colectiva emplea la coartada de la
crisis económica para imponer su ideología liberal y conculcadora de derechos
públicos y colectivos. Es el caso de la imposición de tasas judiciales al
conjunto de la población en aspectos como los recursos de apelación y casación
ante sentencias.
Si en áreas del
derecho como las relativas a pleitos entre particulares la aplicación de dichas
tasas resulta discutible, en aspectos como pleitos con la administración
pública muestran su carácter arbitrario y en lo laboral, en el caso de recursos
ante sentencias sobre expedientes de regulación de empleo, evidencian su
carácter clasista y antagónico con la parte más débil de una relación
contractual, la clase trabajadora.
La justicia en
España nunca ha sido gratuita. Se paga con nuestros impuestos. Pero aplicar
ahora, en plena crisis económica, un copago de la misma -pues no es otra cosa
la aplicación general de tasas en determinados ámbitos de la actividad
judicial- supone recortar la universalidad del derecho de acceso a la misma,
especialmente entre las clases trabajadoras y sectores populares. Ello es
particularmente grave porque dificultar el acceso a las capas sociales con
menores recursos al derecho y a su protección es un modo de limitar las
libertades públicas, las cuáles se debilitan si se ven parcialmente
desprotegidas.
En esa línea de
imposición del programa ideológico más reaccionario del PP sobre el conjunto de
la sociedad nos encontramos con otras cuestiones que implican igualmente un
retroceso de las libertades democráticas.
Es el caso de la
reintroducción de la religión en el currículo escolar como materia evaluable,
en sustitución de la Ética, que vuelve a ser optativa o de la Educación para la
Ciudadanía. Un Estado que constitucionalmente aún se declara aconfesional no
puede permitirse la imposición por defecto de una asignatura confesional de una
religión determinada sin que ello suponga una violación más para dicha
Constitución por parte de un partido heredero de uno de los que formaron parte
de su comisión redactora.
La persecución y
hostigamiento que se viene ejerciendo desde el gobierno contra el idioma
catalán, que en los últimos ataques hacia el mismo se han concretado en la
reforma educativa del Ministro Wert, supone la obstrucción al uso de una lengua
que nunca ha creado problemas de convivencia en Cataluña, más allá de los
generados artificialmente por los partidarios de una concepción centralista e
imperial del Estado español. Esta búsqueda de la confrontación con un elemento
esencial de la identidad catalana sigue la vieja pauta de criminalizar el
nacionalismo y el independentismo en comunidades históricas del Estado. La
estrategia de recentralizar competencias hacia el gobierno del Estado marca un
hito más en los objetivos del PP de aprovechar la crisis como excusa para
avanzar en el vaciamiento del sistema autonómico y la descentralización
territorial.
Los propios
periodistas están viendo limitada y amenazada su libertad de informar al
recibir acosos y lesiones, sufrir detenciones o ver secuestrados y destrozados
sus materiales y sus equipos gráficos durante la cobertura de manifestaciones.
En política de
orden público, mientras el gobierno indulta por segunda vez a cuatro mossos
d´esquadra condenados por torturas contra un ciudadano rumano, en contra de la
decisión de ingreso en prisión de la Audiencia de Barcelona, continúa, como en
el caso del anterior gobierno, ejerciendo presión y acoso contra inmigrantes
sin papeles hacia los que practica controles y redadas policiales, siguiendo el
xenófobo y racista criterio del aspecto físico o del color de su piel en la
identificación o detención de personas.
Dentro del
hostigamiento a los inmigrantes sin papeles es urgente denunciar el plan del
Ministerio del Interior de incluir en su prevista Reforma del Código Penal (art.
138 bis) la condena de hasta dos años de cárcel a quienes acojan en su casa
o ayuden económicamente a inmigrantes sin papeles. Además de cruel y contrario
a los derechos humanos, la reforma legal destaca en este punto por su cinismo
ya que mientras penaliza a las personas y entidades que ejerzan su solidaridad
con estos inmigrantes, rebaja las penas de 8 hasta 6 años máximo a quienes
trafiquen con ellos, lo que estimulará a estas redes de explotación humana a
perseverar en el ejercicio de su delito.
El recuperado
proyecto de reforma de la ley del aborto, con la eliminación del supuesto de
malformación del feto, será otra de las contrarreformas ideológicas que el PP
impondrá este año 2013, retrocediendo incluso más allá de 1985, cuando la legislación
sobre la interrupción del embarazo sí incluía dicho supuesto. En este caso, el
recorte de las libertades se realizará contra el derecho a decidir sobre su
propio cuerpo del 52% de la población española.
Cercenador de las
libertades públicas, represor de quienes las ejercen en sus protestas contra
sus medidas de austeridad, reaccionario legislador que impone sus valores
ultraconservadores contra la mayoría social, el gobierno del PP se ha
convertido en una amenaza contra los derechos democráticos hasta el punto de
ser ya el gobierno que más directamente las restringe en los últimos 35
años.
El actual
comportamiento del gobierno del PP indica el desasosiego y la inquietud de los
sectores más reaccionarios de nuestra sociedad que jamás renegaron del franquismo.
La crisis del capitalismo en el Estado español agudiza la crisis de régimen
surgida de los pactos de la transición política, al desmontar el tardío Estado
del Bienestar, que tuvo sus rudimentos en el franquismo –y su desarrollo
posterior ya en el período democrático-, nacido con la necesidad de “legitimar”
lo ilegitimable: la destrucción “manu militari” del sistema de democracia política y social
de la II República.
Dentro de ese
régimen, heredero del anterior, que hemos mencionado, la monarquía española
juega el papel de vértice de todo el aparato político-económico del capital
postfranquista. No son sólo los negocietes, chanchullos y presumibles delitos
del entorno de Juan Carlos I los que contribuyen a debilitar la figura de la
monarquía española, ni siquiera sus devaneos personales como cazador. Es ante
todo la percepción social de un fin de época lo que explica que la monarquía
española nunca haya sufrido peor imagen, especialmente entre los jóvenes.
En este marco de
agotamiento del régimen heredado del franquismo creemos que la salida natural y
progresiva, en interés de los derechos democráticos, de los trabajadores y de
las aspiraciones de los pueblos que integran el Estado español es una República
democrática de trabajadores que respete y asuma el derecho de autodeterminación
de los pueblos que la integran y que
favorezca la libre integración en el Estado de todos los que así lo
deseen.
En otro orden de
cosas, la gigantesca trama de corrupción del PP que está saliendo a la luz, con
los sobresueldos pagados en negro a sus más altos dirigentes por parte de
grandes corporaciones de la construcción, entre otros sectores, como pago de
las concesiones y contratos a dichas empresas por las administraciones públicas
controladas por dicho partido, se convierte en la más seria amenaza contra las
libertades democráticas y la propia idea de democracia.
La degradación y
desconfianza que los propios autores de la corrupción lanzan, no sobre sí
mismos, sino sobre todos los partidos políticos, en su táctica del calamar de
ensuciarlos a todos por igual, para así aminorar su propia responsabilidad en
los hechos, está abriendo paso a un discurso populista y prefascista del “que
se vayan todos” y del “todos son iguales”, satanizando a la política en su conjunto,
sin matiz alguno, que va calando en la sociedad y que pretende eliminar, como
sospechosa, cualquier opción política radicalmente distinta y necesaria para
enfrentarse a las medidas antisociales lanzadas contra la clase trabajadora por
el propio PP. Este es el discurso que allana el camino a los salvapatrias y a
supuestas salidas “no ideológicas”, pero que ponen el énfasis en la
sacralización de la economía neoliberal y en las medidas “traumáticas pero
necesarias”, que pretenden vendernos los que intentan ensuciar lo único que se
puede oponer a los desmanes del capital, precisamente la política.
Es necesario y
urgente construir una mayoría social que defienda tanto las libertades que
actualmente comienzan a estar en serio peligro frente a un gobierno que las combate como los derechos sociales de la
clase trabajadora que le son arrebatados días tras día. Una sociedad pasiva y
acobardada frente a los atentados contra las garantías jurídicas que sustentan
una democracia política y social es una sociedad que camina hacia su pérdida.
Por este motivo,
los abajo firmantes, conscientes de la necesidad de impulsar un movimiento
amplio y democrático que resguarde y ampare las libertades civiles, nos
constituimos en Plataforma en Defensa de esas mismas Libertades, dispuestos a
la denuncia contra su restricción, la movilización y el ejercicio de las mismas
como forma más consecuente de su protección y promoción.
NOTA: Reunión de
constitución de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas el jueves
14 de Febrero a las 19,30 (7,30 de la tarde) en Madrid en la sede
del CAUM (Club de Amigos de la UNESCO de Madrid), en Plaza de Tirso de Molina 8, 1º
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